17 de Setiembre de 2025
[Por: Joaquim Armindo]
De acuerdo con el Informe del CIMI (Consejo Indigenista Misionero), perteneciente a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el primer año de vigencia de la Ley del Marco Temporal en Brasil, el año 2024, constituyó una ofensiva del Congreso Nacional contra los derechos legítimos de los pueblos indígenas.
Se recuerda que la Ley del Marco Temporal, aprobada en 2023, establece que los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que estaban bajo su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución Federal. Esta legislación representa un cambio significativo en la política indigenista brasileña, restringiendo los procesos de demarcación de tierras indígenas y desconsiderando expulsiones históricas y desplazamientos forzados ocurridos antes de ese marco.
La aprobación de la ley generó fuertes críticas de organizaciones indígenas, especialistas y entidades de derechos humanos, que señalan violaciones a los derechos constitucionales de los pueblos originarios y el riesgo de intensificación de los conflictos agrarios y de la violencia en territorios tradicionales. El Marco Temporal niega la historia de resistencia y lucha de estos pueblos, ignorando los contextos de violencia, expulsión e invisibilidad a los que fueron sometidos a lo largo del tiempo.
La ley también ha sido objeto de cuestionamientos en el Supremo Tribunal Federal, que discute su constitucionalidad frente a los tratados internacionales de los cuales Brasil es signatario. La Ley del Marco Temporal, que así recorta derechos de los pueblos indígenas, fue aprobada por el Congreso Nacional, con el voto favorable de los partidos de extrema derecha y de centro, mientras que el centroizquierda y la izquierda votaron en contra.
El documento del CIMI afirma:
“La expectativa de los pueblos indígenas y sus aliados era que, dada la flagrante inconstitucionalidad y el evidente conflicto con la reciente decisión de repercusión general sobre el tema, la llamada Ley del Marco Temporal fuese rápidamente derribada por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). No fue, sin embargo, lo que sucedió. La ley permaneció en vigor durante todo el año 2024, debilitando los derechos territoriales de los pueblos originarios, generando inseguridad y fomentando conflictos y ataques contra comunidades indígenas en todas las regiones del país”.
El Informe señala además:
“Como consecuencia, las demarcaciones avanzaron a un ritmo lento y tierras indígenas, incluso ya regularizadas, registraron invasiones y presiones de grileiros (usurpadores de tierras), hacendados, cazadores, madereros y garimpeiros (mineros ilegales). (…) El número de asesinatos y suicidios de indígenas se mantuvo elevado, así como los casos de desatención y omisión hacia pueblos y comunidades”.
Por ejemplo:
En un contexto de desesperanza respecto al avance de las demarcaciones, las comunidades indígenas buscaron garantizar, mediante ocupaciones y retomadas, un mínimo espacio vital de subsistencia en sus propios territorios. En represalia, sufrieron violentos ataques en serie de hacendados y pistoleros, con la connivencia —y, en muchos casos, la participación directa— de fuerzas policiales.
Se registraron 154 casos documentados y numerosos indígenas asesinados, contabilizando 211 muertes por ineficacia social. Una violencia contra los pueblos indígenas solo vista durante el anterior gobierno de Jair Bolsonaro.
La Ley del Marco Temporal provoca una escalada de violencia contra la cual todos los brasileños y brasileñas, así como los habitantes del mundo, deben denunciar ¡ya!
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